La delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ha aprobado la solicitud de evaluación ambiental estratégica simplificada para el proyecto del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este paso abre el camino para avanzar en una nueva visión de las instalaciones deportivas.

Contexto urbano y legal de los cambios

La solicitud de evaluación ambiental fue presentada oficialmente el 24 de septiembre, pocos días después de que el Ayuntamiento aprobara el documento preliminar de modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006. Este documento permite ampliar los usos compatibles con las instalaciones deportivas singulares, categoría que incluye tanto el Ramón Sánchez-Pizjuán como el Estadio Benito Villamarín.

El objetivo de las modificaciones propuestas es habilitar, de forma excepcional, el uso de estas instalaciones para actividades que contribuyan a su financiación, gestión y mantenimiento. Sin embargo, se excluyen industrias manufactureras, desarrollos residenciales y gasolineras. El plan contempla utilizar hasta el 30 % de la superficie construida de los estadios para servicios como hoteles, restaurantes y espacios de ocio, promoviendo su desarrollo y sostenibilidad.

© Sevilla FC, IDOM

Controversia sobre las modificaciones

El debate en el Ayuntamiento sobre estos cambios estuvo marcado por críticas. La portavoz del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo, acusó al gobierno local de supeditar los planes urbanísticos a los intereses privados de los clubes de fútbol. Según Hornillo, las modificaciones permitirán a los clubes obtener beneficios significativos con escasas ventajas para la ciudad. Además, advirtió sobre posibles efectos negativos para los residentes cercanos a los estadios, como el aumento del tráfico o la transformación de la zona en un centro comercial activo durante todo el año.

Por otro lado, el concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, enfatizó que los cambios no implican áreas adicionales de desarrollo ni la cesión de terrenos públicos. Sin embargo, reconoció que las nuevas regulaciones podrían generar problemas de movilidad y convivencia entre distintas funciones del espacio urbano.

El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, respondió a las críticas asegurando que las decisiones sobre los diseños específicos solo se tomarán tras realizar los estudios y consultas necesarias. Además, subrayó que las medidas deberán cumplir con la Ley de Desarrollo Sostenible del Territorio Andaluz.

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