El próximo año podría marcar un punto de inflexión para la Roma, un club que sueña con tener su propio estadio en Pietralata. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad tienen la esperanza de colocar la primera piedra antes de que termine el próximo año. Aunque el proyecto parece listo, las disputas legales generan incertidumbre.

¿Un error o un acto deliberado?

La fiscalía está investigando las acusaciones de falsificación de un documento público. En el centro de la polémica está la existencia de un bosque. Los comités que se oponen al estadio afirman que hay un bosque en el sitio de Pietralata, pero las autoridades locales aseguran que no es así. En una entrevista con Radio Roma Sound, Maurizio Veloccia, consejero de urbanismo de Roma, explicó que el mapa topográfico que muestra el bosque podría no tener carácter vinculante.

El problema clave es determinar si la desaparición del bosque en los documentos actuales del proyecto del estadio fue simplemente un descuido, posiblemente debido a los 12 años de planificación, o si se debe a otros factores.

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Los comités opositores no ceden; la decisión está en manos de la fiscalía

Mientras tanto, los abogados de los comités opositores han reforzado sus denuncias con un informe firmado por un reconocido agrónomo. Este informe confirma la existencia de un bosque de al menos 1,5 hectáreas en el terreno destinado al estadio. En abril, estos comités ya habían solicitado a las autoridades locales verificar la presencia del bosque, pero no obtuvieron respuesta. La ciudad finalmente envió un equipo de agrónomos para inspeccionar la zona, quienes no identificaron especies arbóreas protegidas en el área.

El punto clave de la investigación ahora es comprender por qué los agrónomos municipales consideraron que la zona no estaba arbolada. Los mapas topográficos y los informes anuales serán analizados para determinar si se aplicaron criterios adecuados en la evaluación del área.

La fiscalía podría cerrar el caso sin tomar medidas adicionales. Su decisión dependerá de las causas de las discrepancias, ya que falsificar un documento público es un delito que requiere intención. Si la investigación revela sólo errores y no acciones deliberadas, la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados quedaría descartada.

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