Tres meses y medio después de que el Ayuntamiento de Cádiz anunciara el cambio de nombre del estadio del Cádiz C.F., la medida sigue generando tensiones. El Gobierno ha vuelto a posicionarse en contra del cambio, advirtiendo sobre su “ilegalidad", pero el Ayuntamiento no piensa ceder.

La izquierda en contra, la derecha a favor

El estadio del Cádiz sigue generando tensiones y enfrentamientos entre la izquierda y la derecha. El caso del polémico nombre Carranza trascendió a nivel nacional ya en agosto, cuando pocos días después de que se hiciese pública la intención de sustituir el Nuevo Mirandilla por Carranza, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática envió un escrito al Ayuntamiento de Cadiz criticando la medida.

Esta semana el Gobierno reiteró su firme posición aprovechando la inauguración del curso académico en el Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico en la Universidad de Cádiz. En ese acto, Fernando Martinez Lopez, secretario de Estado de Memoria Democrática, hoy miembro del PSOE y hace años político comunista, advirtió que el cambio de nombre es un claro incumplimiento de la ley.

Le hemos requerido directamente al alcalde de Cádiz que no lo haga aseguró el representante del Gobierno. Aseguró también que la subdelegada de Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, hizo lo mismo. Durante unas declaraciones para la agencia EFE, aprovecho para recordar al alcalde de la ciudad, Bruno García, que cuando juras o prometes tu cargo, también juras y prometes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

© Fabián Bravo Guerrero (Kato)

La izquierda y derecha chocan también en Cádiz

David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana celebró estas declaraciones, asegurando que ahora sería más insostenible e injustificable aún que el alcalde y su Equipo de Gobierno sigan adelante con la idea de devolver el nombre del golpista Carranza al estadio municipal, y acusó a Bruno García de radicalismo y de homenajear a un franquista.

A pesar de la presión, el alcalde popular se mostró tranquilo e intentó restarle importancia a las declaraciones. El secretario de Estado opina que no es legal, otras voces opinan que puede ser legal, dijo. Anunció que el Ayuntamiento está preparando un expediente para recoger todas las opiniones. Tenemos en cuenta la opinión del Gobierno prometió García.

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