En Málaga se retrasa el proceso decisorio sobre el futuro del nuevo estadio. La causa es un recurso presentado por el Colegio de Geógrafos, que ha complicado el procedimiento de licitación impulsado por la empresa municipal Promálaga para encargar a una firma externa un estudio detallado de localizaciones para la nueva Rosaleda.​

Procedimiento suspendido, pero ofertas abiertas

El Tribunal Administrativo de Recursos del Ayuntamiento ha paralizado temporalmente el procedimiento licitatorio, aunque sin suspender el plazo de presentación de ofertas, lo que permite a las empresas interesadas seguir enviando propuestas hasta la fecha límite fijada por el consistorio.

El recurso cuestiona las condiciones del pliego y los perfiles especialistas previstos en la documentación. El Colegio de Geógrafos sostiene que roles como el coordinador delegado deben poder ser asumidos también por expertos en geografía, no solo por profesionales de otras ramas técnicas. Al ser vía administrativa y no judicial, lo tramita el tribunal de contratación interno del Ayuntamiento de Málaga. La medida genera retrasos en el calendario del análisis de ubicaciones.

La licitación, abierta el 31 de octubre por Promálaga, busca seleccionar la empresa que elabore un estudio exhaustivo de localizaciones alternativas para la nueva Rosaleda tras el fracaso de la candidatura de Málaga como sede del Mundial 2030. El contrato tiene un valor de 171.413,65 de euros netos y un plazo de ejecución de 17 semanas, divididas en dos fases: una inicial de siete semanas para recopilación de datos y diagnóstico de cada sitio, y una segunda de diez semanas centrada en análisis multicriterio y recomendación del lugar óptimo para construir el estadio.

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El estudio se financiará con remanentes del acuerdo tripartito

El estudio se financiará con la parte no utilizada de los fondos asignados previamente en el acuerdo entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. El documento preveía originalmente ampliar la actual Rosaleda para el Mundial; hasta ahora se han completado 18 estudios en ese marco, dejando fondos significativos para esta nueva evaluación. El objetivo es un estudio objetivo que, mediante un análisis multicriterio, quede elegida la ubicación recomendada para un estadio de fútbol de máxima categoría en Málaga. Incluirá no solo un ranking de las localizaciones sino una hoja de ruta con el cronograma, los procedimientos administrativos clave y los costes estimados, independientemente del modelo de gestión que puede ser público, privado o mixto.

El estadio debe cumplir al menos los requisitos UEFA categoría 4, con capacidad entre 45.000 y 55.000 espectadores, enfatizando la necesidad de inversión lo más optimizada posible que equilibre desembolsos iniciales y retornos posteriores.

Cinco localizaciones principales para el estadio

Las autoridades malagueñas presentaron al abrir la licitación cinco opciones preferentes a analizar, aunque el adjudicatario podrá proponer otras adicionales. Primera: modernizar y ampliar la actual Rosaleda según el concepto preparado para el Mundial 2030. Segunda: la parcela en la ampliación del campus universitario Teatinos, delimitada al sur por el bulevar Louis Pasteur, al este por la avenida Francisco Trujillo Villanueva, al oeste por el arroyo Las Cañas y al norte por la avenida Navarro Ledesma. La tercera: San Cayetano, al norte de Puerto de la Torre, en terrenos ya recogidos en el PGOU local.

La cuarta opción está vinculada al sector Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre, donde se proyecta un nuevo desarrollo residencial; se barajan tres parcelas para infraestructuras. La quinta: Manzana Verde, un complejo residencial previsto en terrenos actuales de EMT y servicios operativos, con cerca de mil viviendas, mayoritariamente protegidas, más zonas verdes y equipamientos públicos. Esta última opción entró por petición de las peñas del Málaga CF; el ayuntamiento se comprometió a evaluarla pese al plan urbanístico local existente y los avances en urbanización.

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Inversión bajo análisis profundo

La empresa elegida deberá verificar datos del ayuntamiento y entidades municipales además de realizar su propio reconocimiento y análisis complementarios para evaluar cada opción con criterios coherentes. Tras dos semanas de verificación inicial se seleccionará lista reducida de al menos tres ubicaciones para estudio profundo, obligatoriamente incluyendo la actual Rosaleda. Estas se puntuarán por factores urbanísticos y de diseño, condicionantes físicos y ambientales, movilidad urbana, aspectos sociales y económicos, y retorno potencial de la inversión.

La segunda fase aplicará análisis multicriterio formal para designar objetivamente la ubicación óptima. Al finalizar las comparaciones, la empresa elaborará un informe final detallado con las ventajas y limitaciones de la recomendada, más una hoja de ruta cronológica desde los trámites urbanísticos y ambientales hasta la ejecución constructiva. Las autoridades aclaran que la recomendación técnica no vincula legalmente: la decisión final conjunta pertenece al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.